Actualmente a causa de la situación provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, se han convocado reducciones o retrasos en el pago de los alquileres, se han modificado plazos, se han retrasado desahucios o se han solicitado distintos tipos de ayudas públicas.

Todos los sectores de actividad están viéndose paralizados y afectados en mayor o menor medida por la crisis sanitaria y las medidas especiales implantadas, de periodos de confinamiento con constantes prorrogas.


¿Qué podemos hacer al respecto?

¿Puede solicitarse la suspensión o reducción de la renta de los negocios mientras dure el estado de alarma?

En la actualidad las últimas medidas tomadas ni la legislación vigente contemplan esta posibilidad. No obstante podría aplicarse la doctrina fijada por la primera sala del tribunal supremo, teniendo en cuenta la cláusula rebus sic santibus, que permite considerar la legítima reducción de la renta dependiendo del caso para ciertos negocios.

¿Se puede solicitar la reducción o la suspensión del pago en los arrendamientos de las viviendas durante la crisis?

En el caso de las viviendas pueden solicitarlo los inquilinos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica debido a las medidas tomadas por el COVID-19. Pueden solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario de las cuotas de pago del alquiler.

Si el arrendatario en este caso es un particular tiene la obligación de comunicar previamente al inquilino las condiciones de un aplazamiento, fraccionamiento u otras alternativas que posteriormente pactará con él. En el caso de que no se llegara a ningún acuerdo el arrendatario podría acudir, en situación de vulnerabilidad al programa de ayudas RDL 11/2020 art.9.

¿Se pueden modificar los plazos de los contratos del alquiler de las viviendas por el estado de alarma?

Solo en el caso de que el inquilino solicite una modificación del contrato del alquiler de la vivienda y el arrendador la acepte. Sólo en ese caso se podrá aplicar una prorroga extraordinaria que tendrá una duración máxima de 6 meses.

¿Qué sucederá con los desahucios una vez acabe el estado de alarma?

Cuando el estado de alarma finalice y se reanuden los trámites de desahucio el inquilino tendrá la posibilidad de demostrar que se encuentra en una situación de “vulnerabilidad social o económica” debido a la crisis sanitaria actual por el COVID-19. Y, que en este caso les sea imposible encontrar una vivienda más asequible tanto para sí mismo como para las personas que conviven con el inquilino en la vivienda arrendada.

Esta situación será comunicada a los servicios sociales que decretarán la suspensión del lanzamiento de desahucio con carácter retroactivo en un periodo de 6 meses.

Si se da el caso de que el arrendador se encuentre en una situación de vulnerabilidad debido a la crisis y lo acredite, se hará saber a los servicios sociales para que se considere el plazo de suspensión extraordinaria y se establecerán otro tipo de medidas de protección social.

¿Qué debe acreditar el inquilino para considerarse que está en situación de vulnerabilidad?

– Justificar que se encuentra desempleado debido a un ERTE o su jornada ha sido reducida. En el caso de los empresarios deberán justificar que ha perdido una parte sustancial de sus ingresos.

– Que todos los ingresos de la unidad familiar no superen durante el mes anterior a la solicitud de la moratoria un total de 5 veces el IPREM, y teniendo en cuenta las circunstancias que le incapaciten a realizar una actividad laboral. También se tendrán en cuenta el número de hijos, edad (si superan los 65 años) que formen parte de la unidad familiar.

– Que la totalidad de la renta arrendada, más los gastos básicos de una vivienda habitual sea igual o superior al 35% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de los ingresos de la unidad familiar.

– Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sean propietarios o usufructos de otra vivienda en España.

¿Qué ayudas públicas se pueden solicitar para el pago del alquiler?

– Se establecen una línea de avales para dar cobertura a los pagos por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la crisis del COVID-19 (RDL 11/2020 art.9).

– Se ha implantado un programa de ayudas que contribuirán a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los pagos de los alquileres de vivienda habitual (RDL 11/2020 art.10).

– Se sustituye el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (RD 106/2018) por el nuevo y actual programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (RDL 11/2020 art.11).

– Se modifica el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (RDL 11/2020 art.12).

(Todas ellas pendientes de aprobación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)